En la apertura del 154° período de sesiones ordinarias, el gobernador Axel Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico de la Nación, denunció un «ataque al federalismo» y afirmó que la crisis no es inevitable sino producto de decisiones políticas. Defendió el rol del Estado, anunció medidas en educación, seguridad, producción y trabajo en plataformas digitales, y convocó a «sumar fuerzas» para construir «una alternativa productiva, federal y bien nacional». El discurso completo del Gobernador en la apertura de sesiones ordinarias de 2026.
Durante el discurso de inauguración del 154° período de sesiones ordinarias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, -flanqueado por los presidentes de ambas Cámaras, Verónica Magario y Alejandro Dichiara- centró gran parte de su discurso en cuestionar la política económica del Gobierno nacional, al que definió como un «fracaso», al tiempo que llamó a construir un «una alternativa productiva, federal y bien nacional» con vistas a 2027. En paralelo, anunció el envió de cuatro proyectos de ley a la Legislatura bonaerense.
La comitiva de senadores y diputados que recibió a Axel Kicillof en el ingreso a la Legislatura Bonaerense estuvo integrada por Mario Ishii, Ayelén Duran, Gonzalo Cabezas, Valeria Arata, Ruben Eslaiman, Lucía Iañez Fabián Luyza y Fernando Rovello.
En cuanto a anuncios, el mandatario provincial remarcó que enviará en los próximos días cuatro proyectos de ley a la Legislatura:
- Creación de una empresa de Producción Pública de Medicamentos
- Nueva ley para el reclutamiento policial
- Modificación integral de la Ley de Seguridad
- Norma para ordenar y proteger el trabajo en plataforma digitales en la Provincia
Asimismo, Kicillof subrayó que esta semana firmará un decreto para «garantizar en todo el territorio de la provincia el acceso a la sala de 3 años en nuestro ciclo inicial», mientras que, en materia impositiva, ARBA implementará el «Régimen Riesgo 0 – Saldos A Favor 0», permitiendo “reducir a cero las alícuotas en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores”.
El discurso completo del Gobernador Axel Kicillof
Esta apertura de sesiones se produce en un año especial, este año se cumplen 50 años del último Golpe Militar. Resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva: fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar la economía y precarizar el trabajo. Para lograrlo, además de quebrar la democracia, se buscó también quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa.
No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Hoy no vivimos en dictadura, pero sí somos testigos del ascenso de las extremas derechas que en muchos países están atacando la convivencia democrática, y la idea misma de comunidad. Tristemente, también nuestro país se convirtió en un laboratorio de una derecha extrema que llega al poder y gobierna exaltando el odio, consagrando al insulto y a la humillación como método político; es un proyecto que gobierna a fuerza de represión, violencia y amenazas, con persecución judicial y condenas injustas.
Tampoco es una coincidencia que este clima de autoritarismo vaya de la mano de proyectos económicos que generan exclusión, desigualdad y que vacían de contenido social a la democracia. Así, la sociedad se fractura progresivamente entre una minoría repleta de privilegios y mayorías repletas de privaciones. Y finalmente: nuestro abrazo, admiración y eterno agradecimiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Su lucha y su coraje siguen siendo ejemplo y guía. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre.
Contexto económico nacional
Hablemos de la actualidad, del contexto económico que da marco a nuestra tarea de gobierno. A esta altura, ya no hay lugar para fantasías ni voluntarismos. Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirta Legrand a Melconian, todos le están señalando al presidente lo evidente: LA ARGENTINA NO VA BIEN.
Después de más de dos años de gobierno, no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente: no se produjo una recuperación rápida, en V corta, ni de ninguna clase. Vemos en cambio trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no les alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados pauperizados, estudiantes, docentes, artistas y científicos sin un mango. No me voy a detener a describir largamente lo que todos conocen bien ya que lo sufren en su vida cotidiana. Sí me, en cambio, gustaría repasar la evolución de algunos pocos indicadores que muestran la magnitud de la tragedia económica nacional en curso desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación.
Empecemos por el consumo y la vida cotidiana: las ventas en minoristas y en supermercados están 10 puntos por debajo, mientras que en mayoristas cayeron un 20%. Los datos son escalofriantes: leche, carne vacuna, frutas y verduras y hasta yerba mate están en mínimos históricos de consumo.
Las familias se encuentran además cada vez más endeudadas. En el último año se triplicó la morosidad, es decir, las familias no pueden pagar las deudas. Un 9,3% del total de los créditos no se pagan, el número más alto en décadas. En créditos personales llegó al 12%. Por fuera del sistema bancario -supermercados, billeteras y financieras- es mucho peor, llega al 24,6%. La parte del ingreso que se utilizaba para pagar cuotas pasó del 7% al 18%.
Casi todos los sectores productivos se desplomaron: la industria cayó un 10%, la construcción un 26% y el comercio un 6%. Esta temporada, sin ir más lejos, se movilizó un millón menos de turistas a los destinos bonaerenses, con un consumo 35% menor. El panorama es alarmante: se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños.
Desde que asumió Milei, escuchen, cerraron cerca de 30 empresas por día. En toda la Argentina ya son 21.938, de las cuales 5.832 corresponden a nuestra provincia. Entre otros, se sufrieron suspensiones y cierres en Whirlpool de electrodomésticos, en cerámicas Ilva y Cerro Negro, en pesca Ostramar, en alimenticias Molinos, Georgalos, Tía Maruca y Nestlé, en neumáticos Fate y Pirelli, en automotores Toyota y Volkswagen, en calzado y textiles Daas, Bicontinentar y Alpargatas, en laboratorios Bagó, papeleras como Kimberly Clark, Termos Lumilagro, lácteas cómo Verónica o La Suipachense.
Otras empresas no cerraron, pero lo cierto es que tienen la mitad de las máquinas paradas. Literalmente. Según datos oficiales sólo se utiliza el 53,8% de la capacidad instalada. Hay sectores como metalmecánica o textil que no llega al 40% y automotriz está en el 30%. La inversión privada sigue el mismo camino de descenso. Aún con el regalo del RIGI y todo, la inversión extranjera directa tuvo saldo negativo por primera vez en 22 años.
En este contexto, desde que llegó Milei, cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado. Ya son 299.600 los trabajadores registrados que se quedaron en la calle. Crece también la subocupación y cerca de 200.000 personas pasaron a la informalidad. En Argentina hay menos trabajo con derechos y más precariedad. En síntesis: la macro está mal y la micro está horrible. Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico del Gobierno Nacional es un fracaso. Los datos demuestran que el relato de crecimiento, estabilidad y equilibrio que vende el Gobierno es una mentira.
El crecimiento del que hablan es en realidad el crecimiento de la desigualdad y de las riquezas de una pequeña minoría, más extranjera que argentina, que festeja ganancias extraordinarias mientras la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor. ¿Qué teoría económica puede llamar Crecimiento a esta realidad? ¿Qué clase de equilibrio tiene una sociedad cada vez más desigual y precarizada? ¿Qué estabilidad tiene una familia amenazada por el despido, donde la plata no alcanza y las deudas crecen? ¿Qué clase de orden es posible con una crisis económica que genera angustia y desesperación? Si a los jubilados les va mal, si a los trabajadores les va mal, si a la mayoría de los empresarios le va mal, podríamos preguntarnos: ¿Qué festejan entonces Milei y sus funcionarios? ¿A qué se refieren cuando dicen que este modelo es exitoso? Para aclarar este misterio hay que evaluar estos resultados alcanzados a la luz de los objetivos que el propio gobierno confiesa.
Lo expresaron en campaña y lo repiten a diario: aspiran a destruir el Estado, a destruir la industria nacional y a imponer en Argentina lo que llaman el “modelo de Perú y Paraguay”. Con todo el respeto por estos países, no podemos aceptar que nos quieran imponer esa meta como destino. Se trata de un modelo de primarización productiva y precarización laboral que los Ministros libertarios presentan como un paraíso capitalista. No es difícil entender que eso significa lisa y llanamente terminar de destruir a nuestra clase media. Significa terminar de destruir un sistema de salud pública que, con todas sus dificultades, cuida y salva vidas sin pedir plata a cambio. Significa terminar de destruir el sistema universitario argentino que es orgullo nacional, un sistema científico, una tradición cultural y educativa que construimos durante generaciones. Si seguimos 6 años más en este rumbo, Argentina corre peligro de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país y como sociedad. Este no es “un ajuste más”: es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser.
Ahora bien, una vez que nos ponemos de acuerdo sobre la situación del país, de las empresas y de las familias, las diferencias aparecen cuando se intenta identificar las causas de esta crisis. Déjenme compartir mi punto de vista sobre el origen de la situación actual. La crisis que vivimos tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional. Resumo rápidamente sus principales rasgos: A pesar de lo que se proclama, este no es un plan basado en la libertad de mercado. Hay precios clave que el Gobierno fija y controla estrictamente: el tipo de cambio, los salarios y jubilaciones, la tasa de interés y las tarifas. Esto ya se hizo varias veces. No hay novedad alguna en las herramientas; tampoco entonces habrá novedad en sus consecuencias.
El dólar se mantiene artificialmente bajo. Eso beneficia a la especulación financiera y se usa como ancla inflacionaria, pero es profundamente dañino para la producción nacional. No hace falta entrar en debates técnicos sobre el atraso cambiario: basta observar la realidad cotidiana. Cuando resulta más barato veranear en el exterior, cuando es más barato cruzar la frontera para cargar nafta o hacer compras en un supermercado, el problema entonces no es la “falta de competitividad” de nuestra economía. El problema es un nivel de tipo de cambio desfavorable para la producción.
Para sostener el dólar quieto y barato, el Gobierno buscó divisas de forma desesperada y los encontró donde pudo: mucha más deuda con el FMI, con los fondos extranjeros, blanqueos varios, baja transitoria de retenciones y finalmente un rescate inédito de Trump con consecuencias desastrosas para nuestro futuro. Con ese tipo de cambio desfavorable para cualquier producción, encima se abrieron de par en par las importaciones. Dólar barato más apertura indiscriminada constituye una combinación devastadora para la industria nacional. Lo que otros países defienden, la Argentina lo entrega. Y el resultado está a la vista: fábricas que trabajan a media máquina o que directamente cierran.
Al mismo tiempo, el salario y las jubilaciones son usadas también como anclas inflacionarias. Paritarias pisadas, ingresos que no alcanzan a la inflación, jubilaciones que pierden su poder adquisitivo. La única estabilidad que produce bajar la inflación a costa de los ingresos es la paz de los cementerios. Ya se sabe: cuando los ingresos caen, cae el consumo. Y cuando cae el consumo, el que produce no vende.
La otra variable que el Gobierno sostiene artificialmente alta es la tasa de interés. Para evitar que los pesos se vuelquen al dólar, se pagan rendimientos extraordinarios por los títulos públicos. De esta forma se alimenta la bicicleta financiera. Mientras la industria cae y el empleo se destruye, el que especula obtiene ganancias en dólares que no existen en casi ningún otro país. El resultado es un fenomenal subsidio para la especulación. Según calculó la consultora 1816, el que “aprovechó” esas tasas, consiguió un rendimiento de 88% en dólares, es decir, casi duplicó su inversión en dólares, cuando las mejores tasas en Estados Unidos no superan el 8% o el 10% anual. Es un subsidio a la renta financiera pagado por el Estado, es decir, por todos los argentinos.
A esto se suma el ajuste fiscal. La llamada “motosierra” no se usó para recortar privilegios de la política; sino todo lo contrario: se aplicó sobre jubilaciones, obra pública, programas sociales, universidades y transferencias a las provincias. Eso no es eficiencia: es deserción, es abandono de responsabilidades básicas. Si uno observa el conjunto, el esquema es claro: dólar barato que desalienta la producción, importaciones que desplazan trabajo argentino, salarios reprimidos que hunden el consumo, tasas altas que premian la especulación y un ajuste fiscal que quita derechos y paraliza la inversión pública.
Es un modelo que favorece a la renta financiera y a algunos grandes exportadores de materias primas, pero que debilita a la industria, a las pymes, al trabajo y a la clase media. Suele ocurrir que quienes aplican este tipo de políticas no comprenden la dimensión humana y la dimensión social de la economía. Las fábricas no solo fabrican cosas. Cada fábrica, fabrica un país. No es una metáfora: es una verdad social. Una fábrica es trabajo, es identidad, son proveedores, es un barrio, son comercios, es una escuela técnica, es conocimiento y es dignidad. Por eso la desintegración del tejido industrial es un crimen social.
Pero hay algo todavía más perverso. Este gobierno no solo provoca el daño: también quiere que la gente se sienta culpable. “Fracasaste” les dicen a quienes pierden su trabajo, a quienes tienen que cerrar sus empresas. Esa crueldad es parte del programa. Por eso, quiero hablarle directamente a esa mayoría de argentinos: Al empresario pyme, al industrial, al comerciante que quiere producir, invertir, pagar sueldos, sostener trabajo, y hoy es empujado al abismo: le digo no sos vos, es el rumbo económico, es la recesión, es la caída del consumo, es la apertura importadora y el tarifazo. Al universitario, al artista, al emprendedor que no tiene ingresos o ventas, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al cuentapropista o al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste, es la precarización, es un modelo de tremenda concentración económica.
Resulta fundamental que entendamos este aspecto, porque si creemos que el problema somos nosotros, si creemos que los argentinos “no servimos”, que los trabajadores son todos vagos o que los empresarios nacionales son todos ineficientes corremos el riesgo de naturalizar lo que ocurre en nuestro país. Y la resignación es el triunfo cultural y psicológico de este plan económico.
Lo primero que tenemos que recuperar, es el orgullo y la convicción de que esta tragedia no es inevitable, de que esta realidad se puede cambiar. Además de echarle la culpa a la gente, insisten con que la raíz de todos los males es el Estado. Recordemos que en la fantasía anarco capitalista, el Estado no debería existir.
Lo quiero decir con claridad: mientras ese discurso siga siendo aceptado y reproducido ciegamente por algunos empresarios y por la dirigencia, va a ser muy complicado entrar en una etapa de desarrollo de nuestro país. En fin, se puso de moda hablar mal del Estado justo cuando más lo necesitamos. Quiero avisar que la mano invisible del mercado no va a defender nuestra producción nacional en el medio de estas guerras comerciales internacionales, la mano invisible no va a construir los miles de kilómetros de autopistas y vías de tren que requiere nuestro país para desarrollarse, la mano invisible del mercado no va a generar puestos de trabajo mientras las transformaciones tecnológicas los amenazan. La mano invisible del mercado no existe, es un verso.
Podemos discutir el tamaño y las funciones del Estado, pero lo cierto es que sin Estado no hay más libertad; hay ley de la selva, hay abuso. El Estado, usado de manera eficaz y transparente, es una herramienta para corregir desigualdades, para integrar, para generar trabajo, para proteger recursos e intereses nacionales. Y bien usado, es una herramienta del desarrollo. Si no erradicamos esta zoncera, Argentina no tiene destino.
El llamado a proteger lo propio
El plan económico que está destruyendo el país no solo es dañino, además es absolutamente anacrónico, inoportuno y a contramano del contexto internacional. El mundo atraviesa cambios geopolíticos profundos y acelerados, transita turbulencias de todo tipo. Ante esto, los países fortalecen sus capacidades y defienden sus recursos. Este mundo no pide menos Estado: pide protección, planificación, capacidad productiva, industria, generación de trabajo, naciones más fuertes.
Ese camino lo recorren con éxito algunos países europeos, México, Brasil, e incluso en parte Estados Unidos. Protegen lo propio, disputan cadenas de valor, invierten, incluyen, planifican. Mientras tanto nuestro país, liderado por fanáticos de una teoría ridícula y antigua, queda más expuesto a un mundo plagado de guerras comerciales y de las otras, y que regresa con fuerza al proteccionismo. En este contexto, en el que los países protegen más que nunca su producción industrial, tenemos un Gobierno que provoca y festeja el cierre de empresas y que desmantela cualquier tipo de protección. Incluso tenemos un Ministro que con orgullo nos cuenta que él nunca compró ropa argentina y que por lo tanto hay que cerrar la industria textil completa. Ministro, si la ropa argentina es cara, justamente para eso está usted: para utilizar los instrumentos que tiene para lograr una industria más competitiva y que se pueda acceder a mejores precios sin destruir el trabajo y la producción nacional.
Lo que no puede hacer un ministro de Economía es trabajar contra su propio país. Si tanto les gusta Trump, por qué no lo imitan en esto: ¿Se imaginan a Trump promocionando autos o ropa hechos en China que seguramente son más baratos? Es increíble pero acá está pasando: tenemos un gobierno que desprecia y funde lo nuestro para favorecer lo de afuera. En este contexto global, volvió a sonar fuerte una palabra que algunos pronuncian mucho pero practican poco: soberanía. Hace apenas semanas, el Gobierno decidió mudar el sable corvo de San Martín. Recordemos que San Martín se lo legó a Rosas en reconocimiento por haber defendido la dignidad nacional frente a potencias extranjeras. La soberanía no es levantar un símbolo para TikTok. Soberanía es defender la industria nacional, defender nuestros recursos y cuidar el trabajo argentino. Soberanía significa no arrodillarse frente a intereses extranjeros.
Gestión provincial
Hablemos ahora de nuestra gestión, que transitó por diferentes etapas. Hubo una primera etapa, desde 2019, dedicada a reconstruir capacidades del Estado provincial, a poner en marcha un plan de desarrollo y a transformar áreas clave como salud, educación, seguridad, obra pública, producción. Y hay una segunda etapa, la que se abrió con la llegada del gobierno libertario: una etapa en la que, sin abandonar el rumbo, la Provincia tuvo que convertirse además en escudo y red, para proteger a nuestro pueblo frente a un Estado nacional desertor y a un modelo económico desastroso.
Antes de repasar lo que hicimos y lo que vamos a hacer, tengo que señalar el condicionante principal de esta nueva etapa: la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno Nacional. A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley: nos retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, seguridad, el incentivo docente y obras públicas. Son hasta hoy $15 billones equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto de este año. Solo ese recorte representa una porción enorme de lo que el Gobierno nacional exhibe como su falso superávit. En otras palabras, es un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses. Por eso quiero agradecer e invitar a esta Legislatura a seguir reclamando, con firmeza, lo que le deben a la Provincia y a los bonaerenses.
Pese a todo, la Provincia no se detuvo. A veces nos preguntan cómo hacemos para seguir abriendo centros de salud o escuelas, para continuar tantas obras y seguir sumando patrulleros a pesar de los recursos que nos quitan. Es porque administramos con responsabilidad y gobernamos con planificación y sensibilidad. Pero la crisis y la pérdida de recursos son cada vez mayores, como ocurre con empresas y familias al cabo de dos años. Gobernar en este contexto no es lo mismo que gobernar en otros tiempos. No estamos atravesando una etapa de normalidad institucional y económica, sino un momento de crisis profunda que condiciona cada decisión, cada política y cada resultado. Por eso, aunque tenemos muchísimo para mostrar en todas las áreas del gobierno, voy a concentrarme hoy solo en cuatro dimensiones que considero estratégicas: salud, educación, seguridad y desarrollo federal.
Antes de empezar con eso, quiero agradecer especialmente el compromiso de todo el gabinete provincial y de los 135 intendentes e intendentas de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de las pertenencias partidarias, trabajamos todos los días codo a codo para sostener escuelas, hospitales, seguridad, producción y obra pública en cada rincón del territorio. Los resultados que voy a comentar no son personales ni individuales: son el fruto de un trabajo colectivo y de la pasión que compartimos por nuestra provincia.
En materia de salud quiero empezar expresando cuáles son los lineamientos que rigen nuestra gestión: para nosotros la salud es un derecho, no una mercancía. No creemos en una sociedad donde el que tiene plata se atiende y el que no la tiene espera o se resigna. Todos y todas tienen derecho a ser atendidos con la misma calidad, vivan donde vivan. Por otra parte, un sistema de salud robusto no es un gasto: es la base de cualquier proyecto de desarrollo y de una sociedad justa. Cuando asumimos en 2019 encontramos un sistema de salud devastado.
Faltaban insumos básicos, estaba abandonada la infraestructura y no existía una red integrada. Desde ese punto de partida tan precario iniciamos una transformación estructural basada en un Plan Quinquenal y en la creación de una verdadera Red Bonaerense de Atención y Cuidados. En primer lugar, invertimos en infraestructura, equipamiento y tecnología, como nunca se había hecho. Provincializamos 3 hospitales, pusimos en marcha otros 4 de gestión mixta e inauguramos dos hospitales completamente nuevos. Pero además cambiamos el paradigma, fortaleciendo la Atención Primaria como puerta de entrada del sistema: construimos 202 nuevos Centros de Atención Primaria en 42 municipios. Luego integramos hospitales provinciales, municipales y centros de salud para que un paciente pueda transitar en el sistema sin trabas ni fronteras. Actualizamos el equipamiento, duplicando los tomógrafos, resonadores y angiógrafos, entre otros equipos. Entregamos 426 ambulancias de alta complejidad y consolidamos una red de emergencias con avión sanitario y helicóptero para traslados críticos.
Además, construimos algo que no existía: la historia de salud integrada y el portal MI salud digital. Hoy millones de bonaerenses tienen su historia clínica digital unificada. Incorporamos turnos online y pusimos en marcha las teleconsultas que acercan la salud a todos los rincones de la provincia. En salud mental dimos un giro histórico. Ampliamos urgencias e internación en todos los hospitales provinciales, creamos centros comunitarios, casas de externación y fortalecimos los equipos profesionales.
En las escuelas, medio millón de chicos pasaron por programas específicos de salud mental. La salud mental dejó de ser marginal para convertirse en una política central. Este era el ritmo de reconstrucción y transformación que llevábamos hasta que llegó este gobierno nacional. Como saben, la ideología libertaria no cree en la salud pública. Lo repito, no es que la gestione mal y la desfinancie, es peor: no cree que deba existir un sistema de salud pública fuerte, universal y de calidad.
El ajuste y la desregulación que implementó Nación impactaron duramente en el sistema sanitario provincial: menos financiamiento, menos transferencias, más abandono. Se redujo fuertemente el presupuesto nacional en salud, desregularon y aumentaron los precios de los medicamentos y muchas personas perdieron su cobertura privada o su obra social. Cerraron casi 300 empresas privadas de salud, la mayoría de las obras sociales no alcanzan a cubrir las prestaciones mínimas con los aportes y cayó 9% la dispensa de medicamentos.
El resultado es evidente: más presión sobre el sistema público y peores indicadores sanitarios. Vemos con preocupación el crecimiento de la mortalidad infantil y materna, y de los casos de sífilis, sarampión y hepatitis A. La motosierra y el abandono tienen consecuencias trágicas. En este marco, tomamos medidas de emergencia. Creamos el Programa Medicamentos Bonaerenses, ampliamos el vademécum oncológico, garantizamos la provisión de insumos críticos, reforzamos psicofármacos y tratamientos postrasplante. Mientras el Estado nacional abandona, nosotros seguimos cuidando la salud de nuestro pueblo.
Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio, una consulta. En este contexto se necesita más salud pública, no menos. Por eso enviamos a esta Legislatura nuevamente un proyecto muy importante: la ley de Producción Pública de Medicamentos, para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia. No hace falta ser comunista ni soviético para tener en claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica. La salud no puede depender exclusivamente del mercado. En realidad, depende de la decisión política de cuidar de nuestro pueblo.
Abordo ahora un tema especialmente sensible para nuestra sociedad: la seguridad. Es un tema atravesado por el dolor y el miedo, que es utilizado muchas veces por la política para hacer marketing o buscar ventaja electoral. Nosotros no lo vamos a hacer. Frente al sufrimiento, corresponde trabajar con seriedad, no con morbo ni demagogia. Nuestra estrategia se sostiene en tres pilares claros: inversión, actualización tecnológica y formación. Y en una convicción de fondo: la seguridad es una función esencial del Estado.
No se puede promover la destrucción del Estado y, al mismo tiempo, pretender garantizar protección. Desde el primer día nos propusimos construir una verdadera Política Integral de Seguridad, una política de Estado que trascienda gobiernos y deje bases sólidas para la paz social y el orden público en cada rincón de la Provincia. Los avances logrados son fruto de una inversión sin precedentes y de una planificación rigurosa, profesional y sostenida en el tiempo.
Empecemos con la inversión y el equipamiento que hicieron posible la transformación en curso. En estos años realizamos la mayor renovación de equipamiento policial de la historia reciente de la Provincia. Cuando comenzamos había sólo 790 patrulleros en un estado deplorable que no podían cubrir las 1.100 cuadrículas. Incorporamos 9.592 patrulleros y 2.491 motos, lo que nos permite hoy recorrer cada cuatro horas el 75% de las calles de nuestras ciudades y pueblos.
Eso significa más presencia, más prevención y más capacidad de respuesta. Fortalecimos las fuerzas operativas: creamos la Fuerza Barrial de Aproximación, FBA, con 30 nuevas bases y 4.937 efectivos. La UTOI pasó de 636 efectivos en 2019 a más de 2.800 distribuidos en 14 bases, y el Grupo de Prevención Motorizado GPM se multiplicó por ocho. Recuperamos la flota aérea, con 11 helicópteros en operación incluyendo uno sanitario y otro con visión térmica y volvimos a poner en servicio aviones que estaban fuera de funcionamiento. Creamos también la Policía Rural, con formación y equipamiento específico, para custodiar zonas que durante años estuvieron mal protegidas. Al mismo tiempo, ampliamos el servicio penitenciario. Cuando asumimos, el sistema contaba con 24.000 plazas. En seis años agregamos 8.500 plazas nuevas dentro de un plan de 12.000, porque no hay política de seguridad eficaz si no hay capacidad institucional para sostenerla.
A quienes promueven un Estado mínimo o desertor les recuerdo algo elemental: no hay seguridad posible sin fuerte inversión pública. Y pese a que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses 750 mil millones de pesos que estaban destinados a la seguridad, seguimos sosteniendo esta política y reclamando lo que nos corresponde.
La implementación de la política de seguridad se realiza en estrecha coordinación con los 135 Intendentes, independientemente de su color político. Cada Intendente debe presentar un Plan Integral de Seguridad Loca para la protección de sus partidos. Cada municipio cuenta con un Jefe de Policía que concentra el mando de todas las áreas policiales de prevención, y que debe hacerse responsable por la conducción del despliegue policial y por los resultados obtenidos.
Para combatir la criminalidad en los jóvenes, creamos el Programa Entramados para que toda vez que un menor comete un delito y llega a una comisaría tomen intervención el fiscal, el juez de menores y el equipo de niñez de cada municipio. El objetivo es evitar que estos adolescentes o niños que muchas veces llegan por delitos menores, sigan escalando en una espiral que los convierta en criminales más violentos. En materia de formación, cambiamos todo. Modificamos los planes de estudio, extendimos la duración del entrenamiento y, sobre todo, fortalecimos la además de la teórica, la preparación práctica para los cadetes, que prácticamente no existía.
También creamos el Instituto Universitario Juan Vucetich para jerarquizar a nuestra policía. Si bien hay que ser muy prudentes cuando hablamos de resultados en materia de seguridad, quiero compartir algunos datos NO para festejar, sino para rendir cuentas y para convocarlos a sostener este rumbo y a defender las inversiones en seguridad. Primero, me quiero referir a la mayor eficacia en la detención y esclarecimiento de los delitos más graves. Hemos alcanzado una tasa del 96% de esclarecimiento de homicidios. Eso significa que prácticamente no hay crímenes impunes. En la Provincia de Buenos Aires, quien comete un homicidio o un delito grave es aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, tenga la edad que tenga. Es el resultado de haber fortalecido como nunca la capacidad investigativa de la Policía, de incorporar tecnología y de trabajar de manera coordinada con fiscales y jueces.
Como saben, la lucha contra el narcotráfico es una competencia primaria del Gobierno Nacional. En nuestra provincia no se producen las drogas, sino que recorren 2.000 km desde las fronteras. Es necesario que el gobierno nacional les ponga un freno. Aun así, más allá de nuestras diferencias y de las responsabilidades que corresponden a cada jurisdicción, la Provincia ha actuado con firmeza, compromiso y eficacia. Hoy, los principales líderes de las bandas narco que operaban en nuestro territorio están presos. Quiero agregar otro dato relevante: estamos logrando reducir la reincidencia en delitos graves, como resultado de una política penitenciaria que apunta no sólo al encierro y al castigo sino también a cortar las trayectorias delictivas. En cuanto a los indicadores más críticos, la tasa de homicidios es el parámetro internacionalmente más utilizado para evaluar las políticas de seguridad.
En los seis años de gestión, la Provincia registró niveles de homicidios inferiores a los 25 años anteriores. Por ejemplo, el año pasado se contabilizaron menos de la mitad de los homicidios dolosos que en 2014, y el menor número de homicidios en ocasión de robo de toda la serie, alcanzando una de las tasas más bajas de América Latina. Vuelvo a expresar que ninguna estadística compensa el dolor de una vida perdida. Ahora bien, la política de seguridad nunca actúa en el vacío. Se despliega en un contexto social determinado. Y lo digo con responsabilidad: un modelo económico que destruye el empleo, precariza los ingresos y profundiza las desigualdades no construye paz social.
Cuando se deterioran las condiciones de vida, aumentan las violencias de todo tipo. Pese a la enorme inversión que hacemos, es importante subrayar que la seguridad no se resuelve sólo con patrulleros: también requiere un proyecto de desarrollo y cohesión social. Por último, le pido a esta legislatura que apruebe la nueva ley para el personal policial, que actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI. También enviaremos una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública que tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser también actualizada en casi todos sus aspectos.
Pasemos ahora a Educación. El Sistema Educativo Bonaerense es enorme y complejo: está compuesto por 5 millones de estudiantes, 400.000 docentes, 80.000 auxiliares y un total de 21.000 escuelas de gestión privada y estatal, distribuidos en los 307.000 km2 de nuestra provincia. Gestionarlo no resulta sencillo y desde el inicio, supimos que la mejor manera de abordar este inmenso sistema educativo era transformándolo. Una clave de esa transformación fue la inversión y la integralidad de las acciones.
Avanzamos de forma simultánea sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la infraestructura escolar mientras, al mismo tiempo, implementamos cambios importantes en materia pedagógica. Lo primero que hicimos fue lanzar el plan Escuelas a la Obra con el que ya completamos más de 8.500 reparaciones. También ampliamos como nunca la cantidad de edificios escolares. Llevamos inaugurados 296 nuevos edificios, a la vez reinauguramos 519 edificios que estaban destruidos y finalizamos 1.348 aulas nuevas. Sumando estos tres tipos de intervención, es el equivalente a más de 1000 edificios nuevos.
Ampliamos también la planta educativa, creando 14.973 cargos docentes y 199.333 módulos docentes, para cubrir los nuevos establecimientos educativos y para el fortalecimiento de los equipos docentes, de orientación y de conducción de cada escuela. Realizamos el pase a planta permanente de 6.301 trabajadores auxiliares de la educación, y otros 986 se encuentran tramitando el pase. Estamos avanzando con la titularización de cargos directivos. Extendimos la jornada escolar.
Desde que llegamos, 633.000 estudiantes van más horas a la escuela. Hoy, 70% de las escuelas primarias cuentan con más de 4 horas diarias de clase, 5 veces más que antes de la implementación del programa. Esto significa un 25% más de horas de clase. Entre las decisiones pedagógicas importantes se encuentran los nuevos diseños Curriculares para el Nivel Inicial, para la Educación Especial, la de Adultos y la Educación Técnica. En el Nivel Primario aplicamos también nuevas políticas para mejorar la lectoescritura.
En el nivel secundario, implementamos un nuevo Régimen académico invirtiendo en más docencia para acompañar las trayectorias de los alumnos y reducir la deserción escolar. Se dejó atrás un modelo centenario, y que por supuesto, se encuentra en constante revisión y consulta con las escuelas para realizar las modificaciones necesarias. La distribución de libros ha sido una política sostenida de nuestra gestión: libros de lectura, Colección de Identidades Bonaerenses, Colecciones para la Educación especial, para Educación Sexual integral, Colecciones para una Pedagogía de la Memoria a 50 años de la Dictadura. La provincia de Buenos Aires tiene una política de fortalecimiento de la lectura y de la industria editorial, a través de la compra y distribución de más de 11 millones de libros en estos últimos años.
En las escuelas bonaerenses los pibes también se alimentan. Y eso se volvió más necesario que nunca dado el deterioro de la situación social del país: tuvimos que extender el Servicio Alimentario Escolar que hoy alcanza a 2,5 millones de destinatarios que comen en la escuela todos los días. Si a esto agregamos el módulo extraordinario MESA que alcanza a 2 millones de personas, estamos hablando del plan alimentario más grande del país con cerca de 70 mil millones de pesos por mes de financiamiento provincial. Es necesario reiterar que estas acciones se han realizado en un contexto de total deserción del Estado nacional que eliminó el Fondo de Incentivo Docente, y dejó de financiar la construcción de escuelas, la distribución de libros y de tecnología. La tendencia se agrava: en el Presupuesto nacional del corriente año, se eliminó el Fondo para la Educación Técnica, desfinanciando los talleres de las escuelas técnicas, agrarias y de los centros de Formación Profesional.
A veces escucho a quienes se declaran enemigos del Estado invocar a Sarmiento, atribuyéndole ideas que él mismo había combatido. Sarmiento no dejó la educación librada a la “mano invisible” del mercado. La convirtió en política de Estado. La planificó, la expandió y la financió convencido de que era la base de la integración nacional, de la movilidad social y de la construcción de la patria. Con todas sus dificultades y deudas, la Argentina supo construir un sistema educativo público, científico y universitario que fue y sigue siendo admirado en la región, incluso por sociedades mucho más ricas que la nuestra. La escuela pública está en el ADN de nuestra mejor historia como país.
Hoy se está realizando un paro nacional docente para reclamar contra las políticas de desfinanciamiento deliberado de la educación y contra la reforma laboral. El paro se realizó en todas las provincias, pero en 16 provincias, incluyendo la nuestra, hoy no empezaron las clases. Mientras el estado nacional despidió en todas las áreas a más de 60 mil trabajadores y empeora sistemáticamente sus condiciones de trabajo nosotros, aun en esta emergencia, seguiremos poniendo todo para sostener la educación pública, gratuita y de calidad. La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro. Y ese derecho al futuro hoy está siendo atacado. Termino este tramo de educación con un anuncio. El día de mañana firmaré un decreto para seguir invirtiendo y garantizar en todo el territorio de la provincia el acceso a la sala de 3 años en nuestro ciclo inicial. Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad.
Quiero referirme ahora a un conjunto de políticas que reflejan nuestra perspectiva de desarrollo federal con la que gobernamos esta provincia tan grande como heterogénea. Nuestra mirada es clara: todos los municipios importan, todos los partidos tienen el mismo derecho al desarrollo. No queremos pueblos, ciudades y regiones que expulsen a sus habitantes por falta de oportunidades educativas, laborales o por falta de infraestructura básica. En el marco del Programa Estratégico De Mejora De Caminos Rurales, intervinimos 5.500 kilómetros fundamentales para el desarrollo productivo y la integración de distintas regiones de nuestro interior bonaerense. Nunca el gobierno provincial se había comprometido de esta manera.
En materia hidráulica, pese a la paralización de Nación de la parte que le corresponde, seguimos ejecutando el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado. También continuamos con obras en la cuenca del Río Luján, el Reconquista, el plan hídrico de La Plata, los desagües en la cuenca del arroyo Duppy y desagües San francisco las piedras, el nodo Bragado, la presa del arroyo Pergamino entre muchas otras. Estos días se cumple un año de la tragedia ocurrida en Bahía Blanca y estamos comenzando ya con la obra integral del Canal Maldonado y la cuenca por más de 200 mil millones de pesos. En un hecho sin precedentes, el Gobierno nacional paralizó más de 1.000 obras y 16.000 viviendas en la Provincia.
Mientras tanto nosotros seguimos avanzando con la construcción de infraestructura que genera trabajo, integración y desarrollo como las obras que traen energía para San Pedro y Chivilcoy, la autovía en la ruta provincial 11, el mejoramiento integral del camino de cintura, la puesta en valor de la rambla de Mar del Plata, la restauración integral del Teatro del Lago acá en La Plata, las obras de viviendas en toda la provincia y de urbanización en barrio populares, entre muchas otras.
El desarrollo y el arraigo también requieren el acceso de las regiones a la educación universitaria. A través del Programa Puentes, ya inauguramos 48 nuevos centros, llegando a 80 municipios con 344 carreras universitarias. Ninguna región puede lograr el arraigo y aspirar al desarrollo si no hay trabajo y actividad económica. Por eso impulsamos la agregación de valor en origen, apoyando experiencias privadas y cooperativas de diversas actividades.
Con el programa de financiamiento de frigoríficos municipales incorporamos 9 nuevos establecimientos, lo cual genera empleo local y mejora la rentabilidad del productor, reduciendo costos de flete. Con el programa PUPAA, que hoy representa el 10% de los establecimientos alimentarios de la Provincia, acompañamos a más de mil emprendedores con habilitación, asistencia técnica y financiamiento. Para fortalecer el vínculo entre producción y consumo desarrollamos Mercados Bonaerenses, con más de 40.000 ferias en 123 municipios, acortando cadenas de comercialización y mejorando precios tanto para productores como para consumidores.
Para sostener el empleo en medio de la crisis, desde ARBA, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo ampliamos el crédito y el acompañamiento productivo. Desde el Banco Provincia, otorgamos 3,4 millones de créditos a empresas y 1,2 millones a personas. El financiamiento es otra de las herramientas necesarias para promover un desarrollo más equilibrado y federal. A través de PROCAMPO, el Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Agrario otorgaron más de $3,22 billones en créditos a más de 10.700 empresas, además del acompañamiento directo a más de 6.000 productores.
La Cuenta DNI que tenía 5 millones se acerca ya a los 11 millones de usuarios, convirtiéndose en una herramienta clave para sostener consumo y actividad. Por último, el desarrollo federal implica también la descentralización del Estado. Con ese propósito, construimos y pusimos en funcionamiento 20 Casas de la Provincia, acercando trámites y servicios a cada distrito. El equilibrio macroeconómico no significa recortar por recortar. Es necesario lograr que todas las regiones de una Provincia o de un país puedan crecer. Hoy atravesamos una etapa compleja, marcada por la crisis económica nacional y la asfixia de recursos. Pero incluso en este contexto reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo que no concentre, que no abandone, que no excluya. Desarrollo federal significa que nadie quede afuera y que cada región tenga futuro. Finalmente, quiero compartir dos anuncios. A partir de marzo, ARBA implementará el “Régimen Riesgo 0 – Saldos A Favor 0”, permitiendo reducir a cero las alícuotas en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa.
Vamos a impulsar también un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Hablamos de miles de bonaerenses que reparten, conducen o trabajan a través de aplicaciones y que hoy muchas veces quedan fuera de toda protección. Mientras a nivel nacional se los excluye del marco general de derechos, nosotros proponemos lo contrario: inclusión, reconocimiento y reglas claras. El proyecto creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección. Esto está en línea con lo que propone la OIT y ya se implementa en los países están a la vanguardia. Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan.
Otra alternativa al rumbo económico de Milei
Describimos hasta aquí solo algunas de las políticas que venimos llevando adelante desde hace seis años, pero mostramos también las causas y efectos de la crisis que desencadenó la política económica del gobierno nacional. Por más esfuerzo que hagamos desde el Gobierno Provincial, actuando como escudo y red, la verdad es que no alcanza. No hay soluciones provinciales para una crisis nacional, ni tampoco una solución provincial para evitar el destino al que nos conduce este rumbo económico.
Esto es clave. Los gobernadores y los intendentes en conjunto con empresarios, trabajadores, organizaciones, podemos hacer un esfuerzo enorme, podemos tratar de sostener escuelas, hospitales, comedores, seguridad, obra pública, acompañar a pymes. Lo hacemos. Pero estamos sometidos a este rumbo económico en donde nadie crece; todos los que producen y trabajan están bajo amenaza. Por eso digo con toda claridad: ninguna provincia se salva si el país se hunde. Ningún sector se salva si la mayoría se hunde. No existe una “isla” que prospere en un país que se desintegra. No existe un municipio o un gobierno provincial que pueda reemplazar a un Estado nacional que deserta. Es necesario cambiar el rumbo nacional.
Todas las Provincias enfrentamos un desafío común: el ataque al federalismo. Nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que recorta transferencias a las provincias, que paraliza obras públicas estratégicas en todas las regiones del país, un gobierno nacional que centraliza decisiones fiscales y que se vincula con las provincias a través de la extorsión. El federalismo que tenemos que recuperar no significa fragmentación, ni mucho menos “que cada uno se salva solo”.
El federalismo es una forma de construir unidad nacional respetando la dignidad de cada región, una forma soberana y justa de integrar partes diversas en un todo, pero sin someter a nadie. Surgió de la convicción de que la Nación no podía edificarse sobre la subordinación permanente del interior a un centro concentrador de recursos y decisiones. Frente a este Gobierno Nacional, que de Nacional tiene solo el nombre, hace falta sumar fuerzas. No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas. Desde la Provincia de Buenos Aires, invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma.
Pese a pasarla mal, muchos argentinos no visualizan hoy una alternativa que los entusiasme. La construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir “no a esta política, no a Milei”. Es evidente que tampoco se trata solamente de describir una crisis que todos están viviendo en carne propia. El desafío no es narrar el daño sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional.
Al respecto, lo que vimos anoche en el Congreso Nacional me ratifica otra convicción: al odio no le tenemos que responder con odio, ni al circo o el caos que nos proponen con más caos. Es tiempo de llevar alivio, con la palabra, con los gestos, con las decisiones y con las políticas. El presidente rompió sus propios récords de violencia verbal, desplegando una catarata de insultos a la que se me ocurre responder con una verdad que se aprende de chico: cuanto menos resultados, cuanto menos argumentos, más insultos. Por mi parte, sigo convencido de que no tenemos que imitar lo que aspiramos a derrotar. Escucho muchas veces decir: “esto era inevitable”, “esto es lo que había que hacer”. Esa es una perversa mentira que tenemos que desmantelar. El sufrimiento no es necesario para crecer. Esto no es inevitable, no es una tragedia natural, no es un terremoto. El origen de este industricidio, de la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la clase media y de que la plata no alcance está en las decisiones políticas de Milei. En consecuencia, no estamos condenados a esta pesadilla. Bonaerenses, argentinos… ¡Hay otro camino!
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9 pensamientos sobre “El gobernador Axel Kicillof inauguró el 154° período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense”
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