Jorge Sola reclamó que la prioridad sea la reforma impositiva, denunció la falta de «mesa de consulta» y apuntó contra los trascendidos del gobierno de Milei. El cosecretario general aseguró que la CGT llega «fortalecida en la unidad» para enfrentar la discusión con el Gobierno.
Este domingo, uno de los nuevos integrantes del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, advirtió que el gobierno de Javier Milei aún no convocó a los gremios para discutir los ejes de la reforma laboral y advirtió que «lo primero es la tributaria».
El dirigente describió que las pymes afrontan una presión fiscal que puede representar entre el 30 y el 40% de sus ventas, con impuestos nacionales, provinciales y municipales que operan como un freno para quienes buscan iniciar actividades económicas. En este punto, el referente marcó que «el costo de los trabajadores es el costo salarial, básicamente es eso nada más» y que el Ejecutivo debería aliviar la carga impositiva antes de discutir reglas laborales.
En esta línea, Sola planteó que la falta de consulta oficial debilita la discusión y pone en riesgo la legitimidad de cualquier iniciativa que surja del Ejecutivo, al tiempo que aclaró que tampoco existe un texto formal sobre la reforma laboral enviado al Congreso o una convocatoria institucional para debatir los alcances de los cambios que el Gobierno busca implementar.
Asimismo, el sindicalista remarcó que la difusión parcial y contradictoria de la reforma laboral generó incertidumbre en trabajadores y empleadores, al tiempo que subrayó que la CGT se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que el proyecto avance sin debate real. «El Gobierno se encargó de hacer trascender cosas y a la vez de desmentirlas», sostuvo Sola.
Sola planteó la necesidad de que cualquier negociación cuente con un Estado presente, «inteligente y eficaz», pero que no caiga en la burocracia, al tiempo que consideró que el debate parlamentario no debe limitarse al Congreso, ya que las comisiones legislativas suelen ofrecer participación formal pero no real, y la influencia de los sectores afectados en la redacción de las leyes es casi nula.
En esta línea, el dirigente cuestionó que ni los empleadores ni los trabajadores integren una mesa de diálogo por la reforma laboral en la que puedan aportar diagnósticos y soluciones, para contemplar las particularidades de cada actividad, al advertir que «es un problema creer que una ley generalizada atraviesa a todas las actividades».
Al referirse al impacto del empleo, Sola advirtió que la Argentina atraviesa más de quince años de estancamiento en la creación de trabajo privado, con una pérdida de 250 mil puestos solo en los últimos dos años y el cierre de miles de pymes. En ese marco, insistió en que la prioridad debe ser la inversión productiva y no una reforma laboral que, según su postura, no aborda el problema de fondo.
En el cierre, Sola aseguró que la CGT llega «fortalecida en la unidad» para enfrentar la discusión con el Gobierno. Y volvió a remarcar que, sin convocatoria formal, sin un texto concreto y sin participación de los sectores productivos y laborales, la reforma laboral que promueve el Ejecutivo parte de una base débil y carente de legitimidad.
La CGT alerta por otros ítems
El sindicalista también defendió la evolución de los convenios colectivos, al asegurar que la modernización ya se da de manera sectorial y sostuvo que existe un proceso de adaptación permanente y que no es cierto que la legislación se encuentre congelada, sino que cada actividad introdujo actualizaciones según su especificidad.
Por otra parte, Sola reconoció que los juicios laborales pueden extenderse durante años y perjudicar tanto a empresas como a trabajadores, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas firmas, al tiempo que rechazó la posibilidad de eliminar los aportes sindicales obligatorios, al señalar que cualquier intento en ese sentido sería inconstitucional y atentaría contra la acción gremial protegida por normativa internacional.
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